Contratación pública

Asesoramiento al sector público

Asesoramos a todo tipo de poderes adjudicadores del sector público desde el inicio de la definición de un procedimiento de licitación, durante toda la vigencia del correspondiente contrato y las modificaciones que se puedan producir, hasta su liquidación final.

A estos efectos, cuando es necesario, trabajamos conjuntamente con profesionales de otros sectores (ingenieros, arquitectos, economistas, etc.) con el fin de abarcar tanto los aspectos legales como los técnicos de todo tipo de contratos, administrativos o privados, del sector público.

A modo de resumen abarcamos las siguientes actuaciones:

Elaboración de pliegos de cláusulas administrativas particulares modelo para todo tipo de contratos y procedimientos de adjudicación.

Definición del tipo contractual y procedimiento de adjudicación más idóneo, y de sus normativas reguladoras.

Resolución de consultas legales que surjan en la fase de preparación del expediente de contratación o con posterioridad, durante la licitación y la ejecución del contrato.

Elaboración de pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, acompañados de la correspondiente memoria justificativa y demás informes preceptivos.

Apoyo en toda la fase de licitación: asistencia a la Mesa de contratación así como al personal técnico implicado, evaluación de las ofertas de los licitadores, detección de bajas anormales, validación de la documentación exigida al adjudicatario, etc. y redacción de los correspondientes informes técnicos y legales, acuerdos de la Mesa y órgano de contratación, requerimientos, notificaciones y contrato a suscribir.

Apoyo ante todo tipo de recursos, entre ellos, los recursos especiales en materia de contratación asesorando al poder adjudicador y emisión de los informes legales que resulten necesarios.

Seguimiento de la ejecución del contrato, especialmente en caso de modificación, resolución y revisión del mismo.

Asesoramiento al sector privado

Asesoramos a los licitadores que deseen participar en una licitación pública así como los contratistas que hayan resultado adjudicatarios de un contrato administrativo o privado por parte del sector público.

Para asegurar el servicio a todo operador privado, evitando cualquier eventual conflicto de intereses por ser a la vez asesores del poder adjudicador, disponemos de una red de bufetes de abogados colaboradores que garantizan la prestación del servicio.

A modo de resumen abarcamos las siguientes actuaciones:

  • Servicio de alertas de convocatorias de licitaciones que puedan ser de interés del cliente en todo el territorio español.
  • Servicio de estudio estadístico de los precios y condiciones de adjudicación de contratos similar al de la licitación indicada por el cliente.
  • Resolución de consultas legales que surjan en la fase de licitación o con posterioridad, durante la ejecución del contrato. Emisión de informes legales para su presentación ante el poder adjudicador o en fase de recurso.
  • Elaboración de las ofertas: Apoyo en la determinación de los documentos adjuntos a la oferta y / o presentar en caso de resultar adjudicatario.
  • Asesoramiento durante el procedimiento de licitación: respuesta a todo tipo de requerimientos, justificación de bajas anormales o desproporcionadas, identificación de actos lesivos para el cliente susceptibles de impugnación, asistencia a las sesiones de la Mesa de contratación, etc.
  • Recurso especial en materia de contratación o, cuando no proceda, recurso ordinario que corresponda. En especial, intervención y defensa en actos de exclusión de ofertas o licitadores y acuerdos de adjudicación. Posterior defensa y dirección letrada en fase de recurso contencioso-administrativo.
  • Apoyo y asesoramiento durante la ejecución y extinción del contrato. Entre otros momentos clave, asesoramiento ante supuestos de modificaciones contractuales, ruptura del equilibrio económico del contrato y otras posibles necesidades de revisión del mismo, reclamación ante demoras en el pago del precio, etc.
  • Asesoramiento y defensa en caso de imposición de penalidades por parte del poder adjudicador.